Mariana Mota, abogada, ex jueza penal y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República fue trasladada de la órbita penal a la civil en 2013. A raíz de su traslado hubo una convocatoria a manifestarse ya que Mota tenía más de 50 casos de derechos humanos en sus manos. Seis personas fueron procesadas por la manifestación 2021: Irma Leites, Álvaro Jaume y sus hijos, Eduardo y Diego Jaume, Aníbal Varela y Jorge Zabalza. Un día antes de la prescripción de la causa el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de los primeros cinco, porque Jorge Zabalza falleció en 2022.
Este hecho motivó la siguiente entrevista.
Foto: Carlos Casares
¿Cómo llega una abogada a ser jueza de lo penal?
Estuvo en Ciudad de la Costa donde tenia materia penal y de menores infractores. Cuando la ascienden a Montevideo, pasó a Juzgado Penal. ¿Por qué en lo penal? Porque le gustó. “En la carrera se fue dando eso”, dice. “Me gustaba lo que estaba haciendo y trataba de hacerlo bien”.
Hizo un postgrado en derecho penal y luego hizo algunos cursos relacionados a algún tipo de delito. En 2012 manejaba unas 50 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Su traslado se da el 15 de febrero de 2013.
La ascienden al Juzgado Penal 7mo en marzo de 2010. En febrero 2011 dicta sentencia en la causa de Bordaberry y a partir de allí empiezan las denuncias de los abogados de los militares.
La de Bordaberry fue la primera condena en el mundo contra un dictador por realizar un golpe de estado.
En febrero de 2013 se la traslada a la órbita civil: “La situación fue anómala porque en general los jueces que están en una materia permanecen en esa materia porque es como una especialización…”, explica. “Además yo no estaba demostrando alguna dificultad en el desarrollo del trabajo”, agrega. “Fue algo nuevo en la forma de proceder de la Corte”.
“En Uruguay no ha habido nunca política de Estado en derechos humanos”
“Página 12” en Buenos Aires le hizo una entrevista donde Mariana planteó que “en Uruguay no ha habido nunca política de Estado en derechos humanos… En ese momento estaba Mujica y se ve que le cayó muy mal y planteó que la Corte me hiciera una investigación por lo que había dicho”, recuerda.
En aquel momento, según Mota, el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, obstaculizaba las investigaciones: “El Ministerio de Defensa decía que no tenía información (…) nos pedía cosas absurdas para darnos información y después no nos la daba”. Además, “negaban cosas evidentes”, sostiene Mota.
El traslado de la órbita penal a lo civil no fue el primero. Hubo otros traslados. Mariana tuvo claro que eso le podía suceder: “Lo tenía claro, pero eso no me podía impedir trabajar (…) Más claro tenía que debía trabajar en estas causas. (…) Lo que yo no imaginé es que la Corte actuara de manera tan desastrosa… porque yo no tuve actuaciones irregulares, tampoco se me observó que yo hubiera hecho un mal procedimiento”, cuenta.
“El punto era trabajar a contrarreloj hasta que me dejaran”.
La manifestación
“La manifestación no es solamente de gente vinculada con las causas (…) pero leía que si había un juez que estaba investigando y trabajando, entendían que no estaba bien que se la trasladara…”.
“A mí me generó mucha sorpresa [la movilización] (…); yo no me enteré de nada de esto hasta que llegué al edificio de la Corte”.
Fue una manifestación pacífica, convocada por las organizaciones. “Yo nunca vi lo que pasó y si pasó, pasó afuera (…) Había muchísima gente y oh casualidad, los que fueran señalados para castigarlos con un proceso penal, son personas militantes, que tienen una trayectoria de trabajo en organizaciones sociales”.
“Además del castigo a la protesta (…) también estuvo dirigido a dar una imagen radicalizada de lo que había sucedido ahí… Ahí no le sucedió nada a nadie… y sin embargo se busca atribuirle ‘atentado’ a personas que están identificadas como participantes de sectores más radicales: Irma Leites, que es de Plenaria (…) Álvaro Jaume y sus hijos (…) y Aníbal Varela que es de Adeom… Después estaba otra muchacha, Patricia Borda, que fue un proceso aparte, que creo que era de Secundaria y Zabalza… Para mí fue deliberado”, dice Mota.
Condenan a estos cinco militantes, de cientos que había en la movilización. Según Mota, “el análisis del abogado que los defiende es interesante escucharlo porque la figura de ‘atentado’ que le aplican a estos militantes condenados es que impidieron que el funcionario – en este caso los ministros de la Corte- pudiera desarrollar su función; pero en realidad ni siquiera estaban presentes (…) o sea, a lo que voy es que es bastante forzada la figura de atentado que le aplican”.
Mota agrega que “más allá de la figura que elijan (…) es desproporcionado plantear una figura penal ante una protesta que no tuvo ningún resultado lesivo”. “Es absolutamente fuera de lugar”.
Cambios en el sistema judicial
Consultada sobre si el cambio que se hace en el sistema judicial en 2017 por el cual los fiscales pasan a ser los que investigan, contribuye con la impunidad, Mota responde: “La falta de recursos es una falencia importante (…) La ciudadanía no entiende cuál es el proceso porque no se ha explicado (…) Cuando la opinión pública no sabe cómo funciona el sistema, genera que no podés comprender si los resultados son los que uno espera… Cuando las causas son muy mediáticas (…) la gente termina viendo que no hay una solución…”
Qué Poder Judicial queremos…
Por último, Mota propone apuntar a discutir qué Poder Judicial queremos: “Me parece que se ha desarrollado especialmente la idea de que el Poder Judicial está más allá del cuestionamiento de las personas y yo creo que los jueces somos personas que vivimos en una sociedad, permeados con los mismos problemas que tiene una sociedad, con una función específica, pero no dejamos de ser seres humanos con falencias. Y creo que es importante que la gente sepa en manos de quiénes está la Justicia, cómo funciona, qué es lo que se le puede reclamar…”
“Además de todo eso, tampoco se sabe cómo se designan los jueces, los ministros de la Corte… porque no hay participación de la gente en eso. Es el poder menos democrático (…) Eso no debería ser. (…) Pongámonos a discutir qué entendemos por Justicia y cómo deberían defenderse nuestros derechos…”, concluye.
Escucha la entrevista completa en:
Estela Sellanes
